El regreso al orden constitucional –del que se cumplen 30 años- despertó un extraordinario entusiasmo, pero los desafíos por encarar eran mayúsculos, entre ellos una pesada deuda externa, una alta inflación y un proceso de desindustrialización favorecido por años de un tipo de cambio bajo y una política que privilegió las ganancias financieras por sobre el desarrollo productivo.

  Al mismo tiempo, el gobierno debía enfrentarse a las consecuencias de la “guerra sucia”. Hacia el final del gobierno militar, las Fuerzas Armadas habían sancionado una ley de amnistía, por la cual quedaban exentos de la persecución penal los delitos que hubieran cometido los funcionarios públicos en el marco de las acciones contra la subversión.

   El candidato del Partido Justicialista, Ítalo Luder, sostuvo al respecto que los efectos de esa ley eran irreversibles, por lo que los militares involucrados no podrían ser juzgados en el futuro por tales hechos. El candidato radical, Raúl Alfonsín, por el contrario, señalaba que la nueva democracia no podía partir de la base de una claudicación ética y que promovería la nulidad de esa ley, así como el juzgamiento de los responsables del terrorismo estatal, lo que hizo apenas asumió la presidencia.

 

   El juicio a las Juntas Militares fue precedido por el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada por el presidente Alfonsín el mismo día en que dictó los decretos que impulsaron los juicios. Tuve el honor de la Cámara Federal junto a los doctores Jorge Torlasco, León Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D´Alessio. Como fiscal actuó el doctor Julio César Strassera. La sentencia condenatoria se dictó el 9 de diciembre de 1985. En los fundamentos del fallo, la Cámara sostuvo que se había acreditado la existencia de un plan criminal sistemático.

 Los juicios iniciados durante la presidencia de Raúl Alfonsín constituyen un acontecimiento de un valor histórico enorme. Fueron inéditos. Nunca un tribunal ordinario, compuesto por jueces civiles, había juzgado a altos funcionarios del gobierno por hechos de esa naturaleza. Hoy nos parece natural que así ocurra, pero en aquellos años fue un verdadero desafío.

   

   Cuando se reinició la democracia argentina, a fines de 1983, nuestro país era una isla en medio de gobiernos de facto en casi toda América Latina. En general, las transiciones se realizaron sobre la base de pactos implícitos entre los militares que dejaban el poder y los políticos que aspiraban a liderar las nuevas etapas, que incluían amnistías muy amplias para los delitos cometidos en la represión del terrorismo.

  La Argentina fue una excepción, ya que el gobierno democrático no asumió con condicionamientos legales. Esto se debió, a mi juicio, a dos razones. En primer lugar, luego de la Guerra de Malvinas, los militares en el poder se retiraron precipitadamente y sin capacidad de imponer exigencias. Pero, además, el presidente Raúl Alfonsín creía firmemente que la joven democracia no debía ser revanchista pero tampoco fundarse en una claudicación ética.

   Esa decisión era riesgosa. De hecho, la Argentina pagó el precio de levantamientos militares y debió sortear infinidad de problemas por no haber concedido la impunidad.

 

   Los juicios a las Juntas Militares se desarrollaron con el más estricto apego a los procedimientos establecidos y a las garantías constitucionales. Esto es fundamental. No puede condenarse a nadie, aun cuando (y sobre todo si) esté en nuestras antípodas ideológicas, sin pruebas suficientes y sin respeto del debido proceso. Para luchar contra el canibalismo no debemos convertirnos nosotros en caníbales.

   Las condenas fueron muy importantes, pero lo más trascendente es que la sociedad haya podido conocer la verdad y tomar conciencia de los horrores a los que puede conducir el desprecio del Estado de Derecho.