En la Argentina, la palabra democracia tiene una fuerte carga emocional, porque hemos tenido con ella una relación difícil y contradictoria. En su origen, hemos tenido una democracia imperfecta e incompleta, con un sistema electoral que permitió y hasta promovió el fraude. Cuando se instaló el sistema de voto universal secreto y obligatorio se pensó que este cambio sería suficiente para generar una democracia plena, lo que hoy se denomina democracia real, para dar comienzo a un proceso político y social ascendente, estable y continuo. Se consideraba que la participación del pueblo a través del sufragio era garantía, no sólo de legitimidad, sino de progreso, y el ejercicio ininterrumpido de estas tres últimas décadas nos ha demostrado que es imprescindible pero no suficiente.

 

   Nos aprestamos a conmemorar treinta años ininterrumpidos de vivir en un Estado de Derecho. Las instituciones democráticas, reinstauradas a fines de 1983, han mantenido su vigencia durante un período inédito entre nosotros. No siempre fue fácil, y en algunos momentos las tensiones hicieron suponer que caíamos en una nueva ruptura del orden constitucional; pasamos por situaciones –en alguna de las cuales me tocó actuar- en las que caminamos por el borde del precipicio. Sin embargo, la vocación democrática de la mayoría de los argentinos se impuso, y logramos encontrar soluciones que terminaron preservando esta excepcional continuidad.

 

   En estos días no podemos olvidar la figura señera de don Raúl Alfonsín, el primer Presidente de la República electo luego de la última interrupción del régimen republicano. Su importancia se agiganta con el tiempo, que permite aquilatar la magnitud de los problemas que debió enfrentar, y su vocación inclaudicable por lograr que la Democracia se hiciera carne entre nosotros, buscando inducir un salto cualitativo en la conciencia que todos los argentinos debemos tener del valor de la convivencia política y social. Don Raúl no sólo quiso preservar las instituciones sino que intentó emprender la construcción de lo que llamaba “la casa común”. De esas duras luchas, Alfonsín extrajo variadas y ricas reflexiones; quisiera recordar hoy sus lacerantes palabras cuando, de cara a la sociedad, proclamó con sereno realismo: “tenemos democracia, pero nos hacen falta demócratas”.

 

   Para mal de nuestros pecados, en esas palabras se contenía una dura verdad: los argentinos padecíamos y aún padecemos de una suerte de subdesarrollo democrático, del que hablamos poco pero que es al menos tan pernicioso como el subdesarrollo económico. Y en esta cuestión no hay primacías: el desarrollo económico debe marchar de la mano y al mismo tiempo que la seguridad social y la democracia política. Pero para que esta tríada funcione armónicamente, necesitamos instituciones estables y confiables.

   La fortaleza o debilidad del marco institucional de un país tiene una incidencia directa sobre la eficiencia económica y la equidad social. En general, existe amplio consenso sobre la importancia que tienen las instituciones políticas para el correcto funcionamiento de la democracia. Sin embargo, todavía no hemos incorporado a nuestro ADN el enorme impacto que tiene la debilidad institucional sobre la equidad social. La imprevisibilidad de las decisiones de los gobiernos produce inseguridad institucional o jurídica, lo que, indefectiblemente, provoca un alto costo social.

   La Argentina es el primer productor de alimentos per cápita del mundo, a la par de ser un país con incipiente desarrollo industrial; somos el primer exportador mundial de biodiesel, exportamos pequeños reactores nucleares para uso pacífico, ponemos satélites en el espacio. Contamos con la mayor concentración latinoamericana de empresas de biotecnología, producimos y exportamos software y videojuegos.        Nuestras reservas de litio y de gas y petróleo de extracción no convencional se cuentan entre las mayores del planeta. Por sobre todo, contamos con un pueblo de excepcional creatividad y coraje que ha decidido que la democracia es el mejor sistema para la vida en conjunto, y es para siempre: ése es hoy nuestro mayor patrimonio.

 

   A la hora de balances, algunos podrán ver el vaso medio vacío, mientras que yo, optimista a ultranza, prefiero verlo medio lleno. Nuestros males son superables y la receta es, sencillamente, más democracia, dicho esto en el sentido de que debemos ampliarla y profundizarla, de modo que llegue a todos los argentinos y eche raíces en los hábitos culturales que rigen nuestras relaciones políticas y sociales. Esto requiere considerar seriamente los problemas que el ejercicio democrático ha puesto en evidencia durante estos treinta años. Sigue costando mucho considerar a los eventuales rivales políticos como adversarios; tentados por una retórica fácil, con réditos de corto plazo, se los califica de enemigos, con lo que se termina por considerarlos y tratarlos como tales.

   Hay una incapacidad para ver en el otro una imagen tan humana –y digna de consideración y respeto- como la propia. Con semejantes premisas, no resulta extraño que en nuestra democracia no se generen los necesarios consensos, y que quienes gobiernan no se sientan en absoluto obligados a promoverlos. Y eso redunda en nuestra carencia de políticas de Estado, de acuerdos fundamentales que marquen un rumbo nacional que se sostenga pese al cambio de color de los gobernantes de turno.

 

   Mi convicción es que nuestro destino es otro, y que no será preciso que pasen otros treinta años de vigencia de las instituciones democráticas para que podamos conmemorar con luces, o sin sombras. Confío absolutamente en que la democracia tiene sus propios mecanismos de corrección, y es eso precisamente lo que la convierte en el mejor de los sistemas políticos conocidos. En el tránsito hacia una sólida construcción colectiva, los invito a trabajar sin pausa para convertir a los cuarenta millones de argentinos en cuarenta millones de demócratas.