Para realizar un balance de estos 30 años de democracia que llevamos transitados en la República Argentina, es necesario establecer con precisión el punto de partida y su contexto. El punto de partida no es sólo una fecha, si no es el conjunto de circunstancias por las cuales atravesaba nuestra nación y también la situación internacional que imperaba en ese momento.

  En los estudios clásicos ya se admite sin dudar que nuestra transición del autoritarismo a la democracia fue de las denominadas de “ruptura”, esto es, no pactada, no concertada. Ello se debió a que el proceso democrático se precipitó y aceleró por la derrota militar argentina en la Guerra de Malvinas. Por lo tanto podría asimilarse buscando un ejemplo internacional con lo ocurrido en Grecia después de la derrota de los militares griegos en la disputa por Chipre enfrentando a las tropas turcas.

  Los ejemplos clásicos de transición pactada son los de España y la salida de franquismo a la democracia y más cercano a nuestra frontera el caso chileno, después que el general Augusto Pinochet fuera derrotado en el plebiscito que convocó, con la intención de perpetuarse en el poder.

 

   Habitualmente se dice que los procesos de transición tanto de ruptura como pactados tienen ventajas y desventajas. La ventaja para el caso de los primeros, es decir de ruptura, es que aparentemente no tienen condicionamientos visibles y pueden avanzar más aceleradamente en el proceso de cambios, y las desventajas son que el camino a recorrer está plagado de incertidumbres y por lo tanto se torna imprevisible. En sentido contrario, las transiciones pactadas, son inicialmente condicionadas pero el camino es más previsible y las incertidumbres menores.

   El caso argentino tuvo inicialmente tres grandes condicionantes: la herencia de la mal llamada Guerra Sucia o Terrorismo de Estado con sus consecuencias de miles de muertos, desaparecidos, exilados y hasta la aberrante sustitución de identidad en los niños nacidos en cautiverio; el aislamiento internacional al que nos había llevado la dictadura militar que produjo un fuerte desprestigio en el mundo hacia nuestro país y nos colocó al borde de la guerra con un país hermano como Chile por una cuestión de límites en el año 1978 y una relación de rispidez permanente con Brasil; y finalmente la situación económica-social heredada de la dictadura militar y el contexto internacional económico fuertemente desfavorable a nuestro intereses.

 

   Con respecto al primero, el gobierno encabezado por Alfonsín se condujo con una enorme pericia y destacó las dotes de estadista del propio Alfonsín. Un repaso rápido indica que se derogó la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, en realidad una auto amnistía encubierta, se ordenó por decreto el procesamiento de las Juntas Militares al ser el presidente constitucional el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y también por decreto se creó la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas (CONADEP) presidida por Ernesto Sábato e integrada por intachables personalidades de todos los ámbitos del quehacer nacional.

   Un dato no menor lo constituye el hecho de que sólo tres diputados pertenecientes a la Unión Cívica Radical integraron la mencionada Comisión desde el Parlamento, el resto de los Bloques se negó a hacerlo. La tarea de la CONADEP y su investigación sirvió de base a la acusación fiscal que quedó inmortalizada en el alegato del Fiscal Julio César Strassera y en la obra “Nunca Más”.

   También se derogó el Código de Justicia Militar y se estableció la instancia civil para el juzgamiento de los crímenes cometidos sin necesidad de apelar a tribunales especiales.

 

   Cuando se mire en perspectiva histórica, aun reconociendo que las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron concesiones para intentar preservar el bien mayor que era la estabilidad democrática, la política de derechos humanos de Raúl Alfonsín y su gobierno fue y es un ejemplo para el mundo. Basta recordar que en Núremberg los juicios los celebraron las potencias triunfantes en una guerra, con un país ocupado y a través de tribunales especiales. También que en el resto de América Latina prácticamente no existió juzgamientos: Brasil, después de la dictadura no juzgó a nadie, Uruguay votó una Ley de Amnistía que aun se mantiene vigente, Chile y su transición pactada tuvieron como Comandante en Jefe del Ejército al propio Pinochet y después senador vitalicio, Paraguay no produjo juzgamientos al finalizar la dictadura de Stroessner y lo mismo ocurrió con Bolivia.

   Los indultos de Menem constituyeron un grave retroceso y resulta hipócrita el relato kirchnerista de aparecer como abanderados de los Derechos Humanos cuando en su momento apoyaron a Lúder, después a Menem y se negaron a integrar la CONADEP.

  Puede decirse que el restablecimiento de los derechos humanos iniciado por el gobierno de Alfonsín es uno de sus mayores logros y no tiene parangón en el mundo.

   Debemos también incluir la legislación civil que sinceró y modernizó las relaciones entre las personas, como la nueva Ley de Matrimonio Civil que consagró el Divorcio Vincular, la Patria Potestad compartida entre los cónyuges y el Congreso Pedagógico.

 

  Con respecto al aislamiento internacional, la irrupción del gobierno democrático rápidamente ganó prestigio y la iniciativa argentina por la Amistad y la Paz dio frutos. La Consulta Popular por la disputa sobre las Islas en el Canal de Beagle, la iniciativa de la creación del Mercosur y la militancia a favor de las desnuclearización la paz y el desarrollo. Merecen también citarse los Pactos Internacionales para concluir que la política exterior argentina recuperó prestigio y tuvo gran iniciativa. Lamentablemente esto se perdió en el período de Menem con el alineamiento incondicional y las relaciones carnales que caracterizaron a su gobierno.

 

   El tema más difícil fue la situación económico-social. Por entonces el precio de los commodities se encontraba por el piso y las tasas de interés en el mercado financiero internacional por las nubes, lo que producía fuga masiva de capitales cuando el proceso de transición más necesitaba de la inversión productiva para asegurar puestos de trabajo, crecimiento y desarrollo y un mayor margen en estos aspectos para enfrentar los otros graves problemas ya mencionados. De poco sirvieron los planes de estabilización ante la especulación y los golpes financieros y también la salvaje oposición gremial que llevó adelante 13 paros nacionales para impedir la democratización de los sindicatos.

    Los períodos de Menem fueron de total subordinación al “Consenso de Washington” y sus políticas de privatizaciones con corrupción que todavía estamos pagando con la complicidad de muchos actores del actual gobierno kirchnerista. Respecto a este último, ha desaprovechado la enorme oportunidad de saltar del crecimiento al desarrollo por la coyuntura económica internacional ampliamente favorable y a su vez ha degradado las instituciones e instaurado como modo de gobierno la confrontación en el intento de establecer un proyecto político hegemónico.

 Las últimas elecciones muestran que este ciclo está terminando y que es imprescindible restablecer las dos reglas de oro del sistema democrático: el equilibrio y el control de poder y la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del mismo. Esperemos que la madurez del pueblo argentino así lo consagre para los próximos 30 años y el futuro de nuestra Nación.